Vicentin: Cómo y cuándo se decidió Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández amasaba la decisión de intervenir y expropiar la cerealera Vicentin desde hace semanas. El gobernador santafesino Omar Perotti conversó y se reunió con él remarcando la necesidad de evitar que la empresa cayera en quiebra con severo impacto en la economía provincial. Según confidentes de Palacio los dueños de la empresa le ofrecieron al presidente una suerte de pacto. Llegó por vías informales a través de emisarios del sector productivo y de dirigentes políticos cuyos nombres nadie revela. El mensaje –metaforizan funcionarios empinados– era: “te doy las llaves y hacete cargo”. Sin erogación de fondos públicos a cambio de no investigar conductas. “No los perseguiré –replicó Fernández– ni debo hacerlo, es resorte del Poder Judicial. Pero tampoco me haré cargo de sus trastadas”. Que son abundantes y contaron con anuencia, acaso complicidad penal, de altas autoridades del Banco de la Nación Argentina (BNA)..

El aviso estaba previsto para el viernes, se postergó por un imprevisto: una hernia que afectaba al interventor Gabriel Delgado. El Presidente, sigiloso, no anticipó nada a los popes empresarios cuando los reunió en Olivos la semana pasada.. 

El proyecto de ley de expropiación debe mandarse pronto al Congreso: la intervención se fija por plazo limitado. Entrará por el Senado, la Cámara en la que el oficialismo tiene cómoda mayoría.

Gran exportadora, con facturación colosal, la empresa cayó en cesación de pagos como consecuencia –entiende el principal morador de la quinta de Olivos– de haber derrapado a la especulación financiera y de manejos turbios que los jueces deben develar.

El devenir del concurso preventivo de acreedores aceleró la medida. Según información disponible en la Casa Rosada crecía una preocupante perspectiva: que comprara una empresa extranjera ganando espacio en el comercio de granos y biocombustibles,  se especulaba que podrían hacerlo la francesa Dreyfus, la suiza Glencore o la norteamericana Cargill. Ninguna lo admitió públicamente. También se temía que tallara algún consorcio con empresarios argentinos y foráneos quedándose con un holding poderoso a precio bajo o vil… uno de los negocios rapiñeros que pueden prosperar en la actual crisis. El exministro José Luis Manzano activaba operaciones en ese sentido. “Manzano es un histórico especialista en comprar empresas quebradas” tipifica Fernández ante oídos confidentes. Una mala venta o una quiebra por falta de interesados desampararía a los acreedores de Vicentin. El principal es el BNA que le prestó fortunas sin cumplir recaudos legales básicos, acompañado por miles de productores y laburantes..

El presidente le había encargado al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y a la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra que trabajaran el modo de intervención estatal. La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti le comentó que tenía redactado un proyecto de expropiación. Según refiere el presidente, él instó que se juntara con Kulfas e Ibarra. Opositores políticos o mediáticos y hasta tribus del propio Gobierno intuyen que “Anabel” trasladaba planteos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. AF lo niega: “recién le comenté a Cristina en detalle cómo se haría todo cenando el jueves pasado”. En cualquiera de las dos versiones, la oficial y la mayoritaria, CFK aprobó la movida. “Rescatamos una empresa en apuros, para preservar la fuente de trabajo y conservar presencia en un mercado estratégico”, responde AF a quien lo homologan con el presidente venezolano Hugo Chávez. “Chávez expropiaba empresas ricas, como Techint”, diferencia.

La expropiación es un límite a la propiedad privada fundado en el interés público. Según la Constitución nacional debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En oficinas del Gobierno reconocen que no tienen todavía noción de cuál puede ser el valor actual de la mega empresa. En parte por su magnitud y diversidad de actividades. En parte porque su pasivo es exorbitante: la deuda concursal supera los 1300 millones de dólares. También porque es entre dudoso e imposible que se resuelva expropiar el patrimonio íntegro de Vicentin, todas sus unidades de negocios. 

El interventor Gabriel Delgado cuenta con prestigio profesional que le reconoce hasta el columnista “pro campo” del diario Clarín. Se preserva la fuente de trabajo para alrededor de seis mil laburantes.

Los objetivos son ambiciosos: reactivar una “empresa testigo”, abrir el “sendero de la soberanía alimentaria”. Poner el pie, por primera vez tras muchos años en el comercio exterior de productos agropecuarios..

 

Fuente:pagina12.com.ar